71st meeting of the Standing Committee - Presentation by the Director of the Regional Bureau for the Americas - Spanish

Señora Presidenta:

Distinguidos delegados,

Lo que está sucediendo en las Américas merece nuestra atención, tanto en términos de conflictos pendientes de resolución como de nuevas formas de desplazamiento. Pero también nos trae esperanza por su larga tradición de solidaridad, liderazgo e innovación para proteger y mejorar las vidas de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas internamente y apátridas.

Hace más de treinta años, la región se puso a la vanguardia con la adopción de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, extendiendo la protección a las personas necesitadas, incluso mediante la ampliación de los criterios para el reconocimiento de la condición de refugiado y buscando nuevos enfoques para abordar el desplazamiento. Este instrumento permitió brindar protección efectiva a muchas personas en riesgo, que de otro modo hubieran permanecido especialmente vulnerables. 

En 2014, prácticamente todos los países y territorios de América Latina y el Caribe renovaron su compromiso para lograr un cambio positivo en la vida de las personas desplazadas forzosamente y ​​apátridas al acordar áreas de intervención y programas específicos, adoptando la Declaración y el Plan de Acción de Brasil[1].

Tres años después, los Estados de la región realizaron la primera revisión trienal de la implementación del Plan de Acción de Brasil. Como parte de esta revisión, las reuniones preparatorias realizadas se centraron en los programas de asilo de calidad, la erradicación de la apatridia, soluciones integrales con énfasis en la integración local, solidaridad con los países del norte de Centroamérica y solidaridad con el Caribe.

Los días 19 y 20 de febrero de este año, el Gobierno de Brasil organizó una reunión ministerial en Brasilia para hacer un balance de los progresos realizados hasta la fecha en el Plan de Acción de Brasil y para considerar cómo los avances logrados pueden contribuir a la adopción del programa de acción del Pacto Mundial para los Refugiados.

En Brasilia, 35 Estados y Territorios renovaron su compromiso y acordaron una compilación regional de buenas prácticas, conocida como los 100 Puntos de Brasilia, destacando la importancia de la cooperación sur-sur entre América Latina y el Caribe, y la solidaridad regional y la responsabilidad compartida.

En materia de integración local, es  importante continuar avanzando en la adopción de políticas públicas para la efectiva inclusión de las personas refugiadas y apátridas. El ejemplo más tangible  en la región es la iniciativa de Ciudades Solidarias, la cual nos permite dar el debido reconocimiento y apoyo a las municipalidades, como los actores clave, siempre en primera línea, en la inclusión socioeconómica y cultural y en la búsqueda de soluciones para las personas refugiadas y migrantes por igual. Esto contribuye a la efectiva implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que transversalmente incluyen el principio programático de no dejar a nadie atrás. Los criterios finales de las ciudades solidarias han sido respaldados en principio por muchos de los países de la región  y esperamos involucrar a otras partes  interesadas para que esta iniciativa sea integral y esté sincronizada con las plataformas existentes, para su lanzamiento regional en el futuro cercano.

Distinguidos delegados,

La región de las Américas también fue pionera en la aplicación del Anexo 1 de la Declaración de Nueva York. En octubre del año pasado, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá han acordado el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, conocido como MIRPS, por sus siglas en español.

Los países partes del MIRPS se comprometieron a centrar  mayores esfuerzos en fortalecer las respuestas de protección e intensificar la búsqueda de soluciones para las personas de interés a través de un enfoque nacional y regional conjunto que refuerza la cooperación y la responsabilidad compartida. Estos países están trabajando ahora en la implementación de más de 180 compromisos, esbozados en los planes de acción nacionales y  el plan regional a tres años plazo, para abordar la situación en los países de origen, tránsito y asilo/destino.

Estos planes fueron el resultado de un amplio proceso de consulta en el cual participaron más de 1.000 personas de interés así como 270 organizaciones nacionales y regionales de la sociedad civil, incluyendo la red regional de las Defensorías de Derechos Humanos, la Iglesia Católica a través de su red regional CLAMOR, la red regional de la Cruz Roja, la alianza regional de la Academia y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente RNCOM y GAR-PAB.  

Este proceso está siendo directamente apoyado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema de Integración de América Central (SICA). Los vínculos regionales con un gran espectro de socios, incluyendo especialmente a las agencias financieras y de desarrollo y al sector privado, ayudarán a catalizar la transformación en que los Estados, el ACNUR y otros actores trabajarán de manera más efectiva para mitigar y responder el desplazamiento. Estos esfuerzos también están siendo complementados y fortalecidos por la iniciativa conjunta de la ONU para el Norte de Centroamérica, desarrollada dentro de UNDG LAC y con el objetivo de apoyar a los Estados a reducir sustancialmente la violencia.

No obstante la voluntad política y las acciones estatales, los mecanismos de protección y servicios sociales en los países de América Central están sobrecargados. Los países necesitan el apoyo de la comunidad internacional para complementar los esfuerzos destinados a proporcionar respuestas de protección y soluciones y lograr el impacto deseado, como parte del enfoque integral previsto en el Pacto Mundial para los Refugiados.

Damas y caballeros,

              Como parte de la implementación del programa de asilo de calidad (QAI), se han creado unidades de registro especializadas para el tratamiento de casos con necesidades de protección diferenciadas (como por ejemplo, niños no acompañados o separados), incluyendo en áreas fronterizas. Las organizaciones de la sociedad civil brindan cada vez más asesoría legal y representación a personas solicitantes de asilo y refugiados, a través de la creación de una red regional con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

            Para fortalecer sus sistemas de asilo, se alienta a los Estados a asignar más recursos financieros y humanos, incluyendo la implementación de los programas de hermanamiento para fortalecer las capacidades de las autoridades de asilo que se ocupan de un número cada vez mayor de personas necesitadas de protección internacional (la buena práctica de Canadá, Estados Unidos de América y México que han brindado apoyo a Costa Rica y Panamá).

Considerando la situación prevaleciente de desplazamiento en varias regiones de las Américas, el ACNUR está focalizando su trabajo y presencia en las áreas fronterizas, dando prioridad al acceso al territorio, los mecanismos de admisión y recepción, el registro e identificación de perfiles, la identificación de necesidades de protección diferenciadas y la implementación de mecanismos de referencia. Esta prioridad operativa está siendo implementada en apoyo a los esfuerzos gubernamentales existentes y con una colaboración privilegiada con la OIM, otras agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil.

Las Américas también han logrado importantes avances en materia de violencia sexual y de género y protección infantil. Se ha establecido una Red Regional de Espacios Seguros (en cooperación con actores civiles y voluntarios comunitarios) para brindar información y para garantizar el acceso de los sobrevivientes de violencia sexual y basada en género, y a menores en riesgo, a servicios especializados y multisectoriales a lo largo del ciclo de desplazamiento entre los países.

            También se da énfasis a la protección contra la explotación y el abuso sexual (PSEA, por sus siglas en inglés), incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia para las personas de interés, teniendo en cuenta su edad, género y diversidad, especialmente con actividades en las zonas fronterizas.

Distinguidos delegados, 

En el contexto del Plan de Acción de Brasil, los países de las Américas continuaron dando importantes pasos hacia la erradicación de la apatridia. Si bien persisten desafíos, se han logrado avances significativos, como se describe en el informe regional para este Comité Permanente. Chile y Haití adhirieron a las convenciones de apatridia, un paso importante que con suerte será emulado por otros países, especialmente en la región del Caribe. También hay avances legales importantes en Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y Ecuador para prevenir la apatridia, facilitar la naturalización de las personas apátridas y establecer procedimientos de determinación de la apatridia. En Costa Rica, 1.885 niños, hijos de padres nicaragüenses trabajadores migrantes y los hijos de la comunidad indígena, conocidos como Chiriticos, fueron asistidos en 2017 con el registro tardío de nacimientos y documentación sobre nacionalidad. Estos proyectos, junto con las reformas legales realizadas en Costa Rica, ponen al país a la vanguardia en el objetivo de erradicar la apatridia este año. Proyectos de ley sobre apatridia están en discusión actualmente en Argentina, Paraguay y Uruguay.

El ACNUR realizará una reunión regional en mayo de este año para acordar los resultados esperados del evento de 2019 que evaluara los avances de la campana mundial para acabar con la apatridia. La reunión preparatoria también contará con el lanzamiento de una iniciativa regional de "cero apatridia", cuyo objetivo es ayudar a los Estados a mantener el impulso para avanzar hacia los objetivos estatales para la erradicación de la apatridia en sus países.

El reasentamiento en terceros países sigue siendo una herramienta de protección fundamental en la región. En 2017, gracias a los esfuerzos de los países receptores, más de 26.000 personas fueron reasentadas en Canadá y más de 24.000 en los Estados Unidos de América.  Argentina, Brasil y Chile han logrado importantes avances en el diseño e implementación de programas de reasentamiento y patrocinio comunitario. Lo hacen en cooperación con el ACNUR y la OIM, aplicando un enfoque de toda la sociedad, con el apoyo del mecanismo de reasentamiento emergente. En el Caribe, se ha establecido un mecanismo de transferencia intrarregional para facilitar el reasentamiento de los refugiados desde la región.

En América Central, el mecanismo de transferencia de protección (PTA, por sus siglas en inglés), con el decidido apoyo de los Estados Unidos de América, ha sido una herramienta de protección práctica para salvar vidas, brindando acceso seguro a soluciones duraderas para personas en mayor riesgo. Partiendo del piloto de la PTA que inició en 2016, el ACNUR amplió la capacidad de identificación y derivación de casos de los tres países de origen y facilitó el traslado de personas a cuatro países de reasentamiento. En 2018, se espera que aproximadamente 1.000 personas sean procesadas a través del PTA, con al menos seis países de reasentamiento que ofrecen esta solución duradera. Australia, Canadá y Uruguay ya han recibido algunos casos y se espera que Argentina y Brasil también implementen el programa. ACNUR hace un llamado vehemente a los Estados de unirse a la implementación de este programa fundamente, incluso pequeñas cuotas podrían hacer una gran diferencia en las vidas de quienes están en riesgo.

Distinguidos delegados,

Un año después de la conclusión del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los esfuerzos continúan para consolidar este proceso histórico.

Dentro de los desafíos que subsisten, se encuentra la persistencia del desplazamiento forzado.

El conflicto por el control del territorio y las poblaciones, principalmente a lo largo de la costa del Pacífico y las regiones fronterizas, resultó en el asesinato de 78 líderes comunitarios y miembros de organizaciones sociales y en el desplazamiento interno de 68.000 personas en 2017.  La presencia del Estado en áreas remotas y fronterizas en Colombia es fundamental para buscar la paz sostenible. El desarrollo y la mejora de la provisión de servicios públicos en estas áreas ofrecen los mejores medios para proteger y estabilizar a las comunidades afectadas y, de ese modo, terminar gradualmente con el ciclo de violencia y desplazamiento que Colombia ha soportado durante más de medio siglo.  

Muchos colombianos continúan huyendo principalmente a Ecuador, con cerca de 5.000 personas solicitando el reconocimiento de la condición de refugiado, un aumento del 10 por ciento en comparación con 2016. Ecuador ha hecho avances considerables con la adopción una Ley de Movilidad Humana basada en derechos, y  está ahora proporcionando identificaciones nacionales a los refugiados que no son diferentes de las que obtienen los ciudadanos ecuatorianos; una decisión que facilita el acceso a los servicios. Las autoridades también están trabajando activamente con el ACNUR para incluir a los refugiados en los programas sociales nacionales.

Distinguidos delegados,

El movimiento de un gran número de venezolanos en la región, así como las dificultades y los riesgos que soportan muchas de estas personas, son motivo de especial preocupación. Si bien la respuesta de los Estados ha sido generosa, algunos están llegando a un punto de saturación y están comenzando a establecer medidas restrictivas. El ACNUR ha seguido el espíritu de la Declaración de Nueva York en su respuesta para ayudar a los Estados a enfrentar movimientos complejos que implican la llegada de un número cada vez mayor de venezolanos.

El ACNUR hace un llamamiento a los Estados que reciben o ya acogen a venezolanos para que los admitan en su territorio y garanticen el acceso a la protección internacional de conformidad con la Convención de 1951/Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena. Desde 2014, más de 135.000 solicitudes de asilo han sido presentadas por venezolanos en toda la región y otros 360.000[2] han obtenido otras formas de protección, incluyendo mecanismos legales alternativos, tales como visas o permisos especiales que prevén su estancia legal en los países que los albergan.

Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen en una situación irregular. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación, la trata, la violencia, el reclutamiento forzado, el abuso sexual, la discriminación y xenofobia. Las áreas fronterizas inseguras, donde operan los grupos criminales y armados, aumentan los riesgos de protección, principalmente el reclutamiento de niños, la explotación laboral y sexual. Si bien no hay estimaciones oficiales, la naturaleza cada vez más invisible de este grupo es particularmente preocupante.

Es importante recordar aquí que Venezuela sigue siendo un país de acogida muy generoso para miles de refugiados del continente y más allá, en un espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida.

Distinguidos delegados,

Las causas de la salida son muchas, pero los venezolanos que dejaron su país en los últimos meses están especialmente en riesgo y una proporción significativa necesita protección internacional. El ACNUR está apoyando a algunos de los Estados con la recepción, el registro y la elaboración de perfiles para informar las respuestas de protección inmediata, las necesidades de asistencia y las opciones de alojamiento de emergencia. El ACNUR también está trabajando con otras agencias de las Naciones Unidas, oficinas de las Defensorías de Derechos Humanos, organizaciones confesionales y de la sociedad civil y el mundo académico para forjar redes que apoyen a las comunidades de acogida. El ACNUR ha fortalecido su presencia de monitoreo a lo largo de las fronteras en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela para identificar los riesgos, especialmente con respecto al acceso al territorio y la protección. Los países latinoamericanos han establecido desde hace mucho tiempo marcos de protección. Una visión regional e integral no solo brindaría una mejor protección y ayuda a los venezolanos desplazados y las comunidades de acogida afectadas, sino que también estabilizaría la situación en cada país y en la región en su conjunto. En este sentido, y sobre la base de sus buenas prácticas, los países del MERCOSUR, como espacio de protección regional, podrían considerar también varias formas complementarias de protección, además del reconocimiento de la condición de refugiado, haciendo una contribución clave a los objetivos del Pacto Mundial para los Refugiados. También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye activamente estos esfuerzos.

Countries in the Southern Caribbean have also become hosts to increasing arrivals of Venezuelan citizens. The influx has particularly impacted these countries given their limited absorption capacity. Most have yet to adopt a national legislation on asylum or to implement it in practice. In the absence of proactive measures to protect and assist the growing population of concern there is a real risk that Venezuelans become increasingly invisible and exposed to abuse and exploitation. Emphasis should be given to ensure access to territory with relevant protection safeguards, including respect for the principle of non-refoulement, protection against arbitrary detention and due process. It is imperative for the international community to support the efforts of the Southern Caribbean countries in the fulfilment of their protection responsibilities. Rescue-at-sea measures are also needed to prevent further deaths at sea. The Brazil Plan of Action and the New York Declaration provide platforms to support Southern Caribbean countries and the Caribbean Community (CARICOM) to address the situation.

Señora Presidenta, distinguidos delegados:

Tomando en cuenta su liderazgo regional en materia de protección, las Américas pueden contribuir de manera significativa en el desarrollo del Pacto Mundial sobre Refugiados. El ACNUR exhorta al continente americano a elevar su voz y compartir algunas de sus buenas prácticas para que sean emuladas en otras partes del mundo.

Gracias.

[1] http://www.unhcr.org/56601a5f6.pdf

[2] Ver estadísticas actualizadas sobre los solicitudes de asilo y beneficiarios de otras formas de protección de personas venezolanas en: https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit