Muchas aldeas de Ituri han quedado abandonadas tras los ataques de los grupos armados. Más de 1,5 millones de personas de la provincia han huido de sus hogares en los últimos cinco años.

A las 4 de la mañana, Madeleine se despertó de un sobresalto. “Aparecieron de repente los atacantes, llegaron a pie a nuestro pueblo, armados con machetes y armas de fuego”, recuerda. “Asaltaron todo el pueblo, iban casa por casa”. Entraron por la fuerza en el hogar de Madeleine y los atacantes se abalanzaron sobre sus hijos con machetes. En cuestión de minutos, todos estaban muertos. Volvieron su despiadada atención hacia Madeleine y le hirieron en el brazo derecho, la mano izquierda y la cabeza. “Mientras me golpeaban, caí al suelo, demasiado agotada para luchar contra ellos. Ya no tenía fuerzas ni ganas de vivir después de que masacraran a mis hijos”.

“Ya no tenía fuerzas, ni ganas de vivir después de que masacraran a mis hijos”.

Madeleine estaba embarazada de nueve meses en ese momento y, cuando el personal médico llegó después del amanecer, la encontraron aferrándose a la vida. Los médicos practicaron una cesárea de urgencia para que naciera el bebé y atendieron las heridas sangrantes de Madeleine. “No sé cómo sobreviví”, comenta Madeleine.

Madeleine recuperándose en el hospital tras el ataque a su aldea en marzo de 2022. Sus cuatro hijos se encontraban entre las 17 personas asesinadas.

Durante el ataque a Gudda, su aldea, el año pasado, murieron 17 personas y muchas otras fueron mutiladas. La inseguridad está provocando una crisis en la provincia de Ituri que, se estima, ha forzado a 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares en los últimos seis años. La violencia se ha extendido tanto y se ha convertido en algo tan habitual que incluso quienes buscan resguardo en los campamentos para personas desplazadas internas (PDI) ya no están a salvo.

Después de años de relativa calma, en 2017 comenzaron los ataques sistemáticos de diversos grupos armados contra las aldeas. Queman casas, roban ganado y masacran a familias enteras. Los ataques, aparentemente sin sentido, están motivados por el deseo de controlar el acceso a la vasta riqueza mineral de Ituri, especialmente el oro, pero también están alimentados por enemistades muy arraigadas entre dos comunidades: los hema, tradicionalmente ganaderos, y los lendu, agricultores.

Los ataques han aumentado en frecuencia y ferocidad. “Hace dos años, recibíamos 10 heridos como consecuencia de un ataque”, afirma el Dr. George Otshudima, cirujano del hospital de Bunia, la capital de la provincia, quien operó a Madeleine.

“En estos días, recibimos al menos 30 personas por ataque”.

Un niño de 14 años descansa en el hospital cuidado por su tía. Recibió varios machetazos en la cabeza durante un ataque a su aldea. Su madre y sus dos hermanos pequeños fueron asesinados.

Y continúa: “Soy el único cirujano de este hospital, así que al final hago operaciones una detrás de otra. Mis colegas y yo trabajamos 24 horas para mantener a las personas con vida”. Otshudima añade que el hospital está pobremente abastecido, ya que carece tanto de medicinas como de equipo.

Más de 278.000 personas viven ahora en 67 asentamientos para desplazados internos repartidos por toda la provincia. Pocos están dispuestos a arriesgarse a volver a casa para trabajar sus campos, y el país está lleno de pueblos abandonados e incendiados que han caído bajo el control de grupos armados. Quienes se atreven a regresar corren el riesgo de ser secuestrados, asesinados y, en ocasiones, decapitados.

Una casa quemada en una aldea desierta del territorio de Djugu, provincia de Ituri.

Los ataques contra la población civil se producen a diario. El 8 de enero, grupos armados atacaron cuatro aldeas del distrito de Drodro, en territorio de Djugu, donde asesinaron al menos a 25 personas, entre ellas cinco niños, e incendiaron decenas de casas. La mayoría de los asesinados eran retornados. Tras los ataques, la mayoría de los pobladores huyeron al cercano asentamiento de desplazados internos de Rhoe, donde muchos de ellos siguen viviendo a la intemperie. En total, al menos 1.264 PDI y retornadas fueron asesinadas por grupos armados en 2022 en solo seis territorios de las provincias de Ituri y Haut-Uélé.

Ni siquiera en los campamentos designados para desplazados internos se garantiza la seguridad de las personas. El 1 de febrero de 2022, 62 personas murieron y decenas resultaron gravemente heridas durante un grave ataque contra el campamento de desplazados de Plaine Savo, en el territorio de Djugu, donde viven más de 40.000 personas.

Personas desplazadas se reúnen para la misa matutina del domingo en el asentamiento de Plain Savo y rezan por las 62 personas que fueron asesinadas el 1 de febrero de 2022.

“La violencia ha alcanzado niveles inaceptables en los últimos meses, con grupos armados que también atacan los asentamientos donde las personas desplazadas han encontrado refugio después de que sus aldeas fueran asaltadas” afirma Denis Oulai, Exjefe de la Oficina de ACNUR en Bunia.

“Esto es aterrador. Las personas desplazadas no tienen un lugar seguro a donde ir, y muchas de ellas ya han sido desplazadas varias veces”.

“Las personas desplazadas no tienen un lugar seguro a donde ir”

Mujeres regresan a sus alojamientos en el asentamiento de desplazados de Plain Savo al final del día, después de recoger agua para cocinar y bañar a los niños.

El ataque de febrero al asentamiento de Plaine Savo comenzó a las 20:45 horas, cuando 100 hombres armados y algunas mujeres invadieron el lugar. Fueron de alojamiento en alojamiento, asesinando a quien encontraban con armas de fuego y machetes hasta que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas de la MONUSCO (la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC) llegaron para resguardar el asentamiento.

Richard perdió a su amado hijo de 27 años, Désiré, en el ataque. “Caminaba entre los alojamientos, dando instrucciones por megáfono a las personas para que huyeran en dirección contraria a donde estaban los atacantes”, señala Richard, quien siguió las órdenes de su hijo y corrió a esconderse en el monte con su esposa y sus 10 hijos y nietos. “Estaba oscuro y mi hijo no vio a los atacantes. Le dispararon varias veces. Luego le rompieron la cara con un machete”, cuenta Richard.

Mujeres, niñas y niños intentan calentarse a primera hora de la mañana afuera de las aulas donde pasaron la noche. Alrededor de 1.500 personas desplazadas duermen cada noche en esta escuela de Bule.

La vida ya era dura para la población desplazada que vive en Plaine Savo, donde la mayoría solo tiene alimentos para una comida al día. Ahora, ya no se sienten seguros, y unos 1.500 residentes del campamento, en su mayoría mujeres, niñas y niños, caminan todas las noches hasta la cercana ciudad de Bule, a tres kilómetros de distancia, para pasar la noche con familias de acogida, o en los fríos suelos de escuelas e iglesias. A la mañana siguiente regresan a Plaine Savo. Desde el ataque, los adultos viven con miedo, y las niñas y los niños sufren pesadillas. Pobres, hambrientos y asustados, cada día es una lucha por sobrevivir.

Mujeres, niñas y niños caminan de regreso a Plain Savo tras pasar la noche en la ciudad de Bule. No se sienten seguros durmiendo en el lugar desde el ataque de febrero.

La trágica situación de Ituri forma parte de una crisis más amplia y a menudo ignorada en toda la RDC, donde la violencia y la inseguridad continuas – particularmente en el este del país – han forzado a más de 5,65 millones de personas a huir de sus hogares, una de las mayores poblaciones de personas desplazadas internas del mundo.

tiempo que dificulta el acceso de las agencias de ayuda.

Temprano por la mañana en el asentamiento de Plain Savo, donde cada día se trata de sobrevivir. El lugar acoge a 40.000 personas desplazadas internas.

La financiación tampoco ha podido seguir el ritmo de las crecientes necesidades en la RDC, una situación exacerbada por el efecto dominó de la crisis de Ucrania, que interrumpe las cadenas de suministro y aumenta los costes operativos. A finales de 2022, ACNUR solo había recibido el 46 por ciento de los 225 millones de dólares (USD) necesarios para llevar a cabo su operación en la RDC ese año.

Incluso la reducida ayuda humanitaria disponible es esencial. “Si no fuera por la intervención de los actores humanitarios, habríamos visto algo peor”, afirma Adamo Sebele Minos, Oficial de Protección de INTERSOS, socio de ACNUR.

“Las necesidades son enormes: niñas y niños necesitan alimentos más nutritivos, y la atención médica y psicosocial es también una necesidad urgente”.

Un niño desplazado frente al alojamiento de su familia en Plain Savo. Muchos niños solo comen una vez al día y usan la misma ropa todos los días.

Pero lo que más anhelan las personas desplazadas es seguridad: poder vivir en paz, y tal vez algún día regresar a los hogares y a las vidas que se vieron forzadas a dejar atrás.

Casi un año después del ataque a su pueblo, Madeleine se recupera lentamente. La han vuelto a operar del brazo izquierdo y su hijo, llamado Bahati, está sano y no ha sufrido las consecuencias de la violencia que le rodea.

Madeleine sigue asimilando lo que ha sufrido.

“Algún día le contaré las circunstancias de su nacimiento”, comenta sobre Bahati. “Pero por el momento, él es mi rayo de esperanza”.